Desde la Red Nacional de Medios Alternativos - RNMA
expresamos nuestra solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de prensa
del Grupo 23, que hoy atraviesan momentos de incertidumbre por el futuro de su
fuente laboral. A los despidos ya realizados se suman los salarios que les
adeudan de varios meses y el aguinaldo del mes de diciembre.
Entendemos que la responsabilidad máxima de esta situación
está en primera medida en los propios dueños de la empresa, Sergio Szpolski,
Matías Garfunkel, quienes ante el cambio
de gobierno han encontrado el contexto para deslindar sus responsabilidades y
dejar en abandono sus compromisos con los trabajadores y trabajadoras del
grupo.
El argumento que esgrimen para esto es la pérdida del
ingreso vía subsidios y/o pautas publicitarias que percibían de los gobiernos
anteriores y que hoy golpea de lleno en la sustentabilidad de las empresas.
Queda demostrado el mecanismo que estos empresarios, para
quienes la información es mercancía, implementan a partir del uso discrecional
de la pauta; es decir, la construcción de grandes polos comunicacionales con
estructuras basadas en el financiamiento estatal, que garantiza una ganancia
limpia destinada en gran parte a los bolsillos de la Patronal pero deja a los
trabajadores y trabajadoras a merced del cambio del poder político que dispone
la pauta, siendo el primer punto de ajuste y por lo tanto los únicos
perjudicados.
Ante la caída de estas empresas vinculadas al anterior
gobierno y la rescisión de contratos con renombrados periodistas de público
posicionamiento kirchnerista, como es el
caso del despido de Victor Hugo Morales por parte de Radio Continental,
escuchamos en estos días la preocupación de quienes hasta ayer eran gobierno
acerca de que en la nueva coyuntura se apagarían voces opositoras a la actual
gestión.
Desde la RNMA entendemos que esta coyuntura es posible
porque durante los últimos 6 años se perdió un tiempo valioso para aplicar
cabalmente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual –LSCA- y avanzar
verdaderamente hacia la democratización de la palabra. La apuesta de confrontar
con el grupo Clarín y La Nación, vía el engorde de empresarios afines al
kirchnerismo y desde el aparato comunicacional público estatal fracasó y la
actual coyuntura deja en evidencia el castillo de naipes construido.
El actual contexto demuestra además que el discurso
construido en torno al reconocimiento de
los medios comunitarios o mal llamados sin fines de lucro, fue solo un fondo de
escenario para legitimar la confrontación con las empresas de comunicación que
no se amoldaron a las reglas de juego del gobierno pasado y para favorecer a
empresarios que circunstancialmente se subordinaron.
NO creemos que la democratización de la palabra y las voces
del pueblo vengan de la mano de un puñado de periodistas estrellas de
millonarios contratos y menos de la mano de empresarios que usufructúan el
dinero del Estado para enriquecerse. Menos aún creemos en la libertad de
empresa que forja a decretazos el actual gobierno beneficiando claramente a un
sector del poder económico las clases dominantes.
La situación de ilegalidad de los medios alternativos, comunitarios y
populares de nuestro país ante la embestida neoliberal de Macri, es
responsabilidad del anterior gobierno que poco hizo para dar reconocimiento y
sustentabilidad al sector. Mientras millones de pesos llovían sobre el sector
de empresarios afines al gobierno anterior y sus distintos medios, quienes
desde la comunicación alternativa nos opusimos y nos continuamos oponiendo al
modelo extractivista, represivo y de concentración de las riquezas, no hemos
accedido a los recursos estatales
necesarios para nuestro desarrollo ni
nos hemos visto beneficiados con licencias que nos liberen del fantasma de los
decomisos.
Desde los medios
comunitarios, alternativos y populares y en particular desde la RNMA,
levantamos bien alto la bandera que dice: “la Comunicación no es mercancía” y
continuaremos llevando adelante
múltiples construcciones comunicacionales que se basan en los conceptos
de autogestión, autonomía y no jerarquía interna (horizontalidad) buscando
formas de financiamiento que no generen dependencia política con ningún sector,
sin dejar de lado nuestro compromiso con los intereses del campo popular.
Es por ello que continuamos exigiendo:
*No al vaciamiento del grupo 23. Defensa de los puestos de
trabajo y pago de salarios y aguinaldo adeudados.
*La efectiva aplicación de la ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual.
*La elaboración del plan técnico y reserva del 33 % para el
sector sin fines de lucro.
*Reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y
populares como actores diferenciados
dentro del sector de los sin fines de lucro.
*Apertura de concursos específicos para medios comunitarios,
alternativos y populares.
*Reapertura de AFSCA y AFTIC. Disolución del ENACom.
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Argentina, 19 de enero de 2016
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