En el año 2013, luego de 21 días de toma de la
Universidad Nacional de La Rioja y de movilizaciones de más de 40.000 riojanos
acompañando la lucha, se logra destituir de su cargo al ex Rector Enrique Tello
Roldan, quien gobernaba la Universidad desde hace más de dos décadas
consecutivas.
El Estatuto de la Universidad era para Tello Roldan
uno de los instrumentos –junto a la manipulación de concursos y contratos
laborales, y persecución a opositores- que
utilizaba para reelegirse de forma indefinida y perpetuarse en el poder, y así
llevar adelante su dictadura en la UNLAR.
Finalizada la toma se inició un proceso de reforma del
Estatuto, donde comisiones de trabajo, conformadas a partir de la Asamblea
Soberana, se encargaron de debatir y elaborar propuestas entre los cuatro
estamentos que conforman la Universidad. Esos informes que fueron votados por
toda la comunidad universitaria quedaron en el tintero y en los ideales de
muchos que reconocían el Acta Acuerdo como una guía para la transformación de
la Universidad. En la actualidad, una comisión institucional creada por el Consejo
Superior trabaja de forma cerrada y aislada de la comunidad universitaria y la
sociedad riojana, elaborando el nuevo Estatuto.
El día 29 de febrero de 2016, fue la fecha límite para
presentar proyectos de modificación para el articulado que refiere a la
Estructura y Gobierno de la Universidad, situación que convocó a quienes aún
mantenemos banderas que son innegociables. Luego de horas de trabajo hemos
conseguido presentar una propuesta que busca reivindicar la lucha de la
Asamblea Soberana, el trabajo de las Comisiones creadas por ella, el
acompañamiento del pueblo riojano, y a los y las estudiantes que vienen
luchando en diferentes latitudes del país desde hace años. Tenemos la
convicción de que existen engranajes claves de la ingeniería institucional de
la UNLAR que deben ser modificadas si realmente queremos democratizar la
Universidad.
En nuestro proyecto proponemos que el voto a partir de
la reforma del estatuto comience a valer lo mismo para todos los ciudadanos
universitarios, sin distinción del estamento al que pertenezcan. No es nada
complicado, es idéntico a como votamos en elecciones generales, donde la
Constitución Nacional reconoce el sufragio universal. Además de que la Ley de
Educación Superior no prohíbe que el voto valga lo mismo para todos, dejando a
la autonomía de las Universidades la elaboración del Régimen Electoral.
Existen una serie de mitos respecto al “voto
igualitario” o “voto no ponderado”, que significaría “una persona un voto”, que
son necesario deconstruir y dejar en claro, que si bien la mayoría de los
electores serían estudiantes, no implicaría que los estudiantes serían quienes
gobiernen. Pues la Ley de Educación Superior exige que quienes ejerzan el cargo
de Rector, Decanos y el 50% de los órganos colegiados, sean docentes.
El voto solo garantizaría una real ciudadanía, sin
desigualdades en derechos políticos.
Por otra parte, y como deuda con la sociedad y las
organizaciones que la componen, proponemos la conformación de un Consejo
Social, el cual materialice de forma concreta un vínculo más estrecho y real
con la comunidad, abriendo las puertas de la Universidad al pueblo.
También incorporamos la Asamblea General de
Estudiantes, otra deuda del proceso de transformación en la Universidad.
Mencionada Asamblea estaría compuesta por estudiantes de todas las carreras,
buscando ser un espacio de contralor entre otras funciones.
En otros apartados agregamos que los Directores,
Coordinadores y Consejos Consultivos de cada carrera serán conformados mediante
elección directa y con la participación de Estudiantes, Docentes y Graduados,
buscando incluir todas las voces, experiencias y demandas en la gestión y
transformación diaria. Consideramos que deben ser reconocidos quienes
desarrollen tareas de investigación y extensión universitaria, pues la
formación también se da en esos ámbitos y tareas.
Proponemos que quienes conformen el Concejo de
Investigación Científica y Tecnológica sean designados luego de someterse a un
proceso selectivo, mediante presentación de antecedentes en investigación y
carrera docente. Es fundamental revalorizar la formación y dedicación, para
terminar con el intercambio de cargos por favores.
Además, creemos importante descentralizar el poder del
rectorado en todos los ámbitos de la universidad. Uno de ellos es el o los
colegios pre-universitarios que actualmente se desarrollan bajo el ala del
vicerrector de la universidad. Proponemos en consecuencia refuncionalizar el
Concejo de Enseñanza Pre-universitaria (CEPU), órgano que gobierna/administra
el o los colegios pre-universitarios. Al concejo lo presidiría el Director del
establecimiento (ya no el vicerrector como es actualmente) que será elegido de
manera directa e igualitaria por los miembros del establecimiento. Lo
integraran representantes de los estamentos que formen parte del
establecimiento, con mayoría estudiantil y elegida democráticamente por sus
pares.
Estas son las más relevantes de nuestras propuestas,
las cuales difundimos porque creemos que toda la comunidad debe conocer lo que
acontece dentro de los muro de la UNLAR, no sólo porque acompañó nuestra lucha
en el año 2013, sino porque cada sueldo que se paga, cada beca que se otorga y
espacio físico donde se realizan diferentes actividades en la Universidad,
están financiados por los bolsillos de los y las trabajadores/as de todo el
país. Incluso algunos que aún tienen sus hijos e hijas fuera de la Universidad.
Hoy vamos por la democratización del Estatuto, mañana necesitamos el
acompañamiento de todos para poder democratizar la Universidad en todos los
aspectos.
Invitamos a todos los interesados a conocer todas las
propuestas de reforma y a asistir a la reunión de la Comisión de Trabajo, la
cual se reúne en el CENIIT (al lado del Hospital de Clínicas) el día lunes 7 de
Marzo a las 16 hs.
“Los
dolores que nos quedan, son las libertades que nos faltan”
