Informe: Recopilación de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del estado

Recopilación de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del estado 1983/2012.

Hace un año, el triunfo electoral de Cristina Fernández de Kirchner vino acompañado de una nueva ley antiterrorista, que, con el apoyo de todo el arco opositor, se suma a otras ya existentes, sancionadas por el kirchnerismo cumpliendo órdenes del imperialismo.
Con la aplicación de esta ley, se duplican las penas de cualquier delito “que hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población o de exigir una medida a las autoridades”. Era la primera señal que daba el gobierno sobre lo que sería su política represiva para 2012. Cualquier militante o activista puede ser acusado de terrorista por participar de medidas de lucha reclamando trabajo digno, vivienda, salario, salud, educación, etc.
Así como ya lo hiciera años anteriores, responsabilizando a las provincias de varios hechos represivos, el gobierno sigue buscando formas para preservar su discurso de defensor de los DDHH. De este modo, hace aparecer como consecuencia de internas dentro del gobierno, acciones que sólo son su responsabilidad: la continuidad de una política represiva frente a la lucha. Un ejemplo de esto fue el arribo de Sergio Berni, fascista reconocido, excarapintada, al ministerio de Seguridad, en reemplazo de Cristina Caamaño. Famoso por ser, durante los últimos diez años, el interlocutor del gobierno con el movimiento piquetero, tuvo encomendada la tarea de aplicar una política de mayor represión sobre las organizaciones populares que salieran a luchar. Mediante la saturación de gendarmes en la Panamericana, logró desalojar por la fuerza varias movilizaciones con detenciones masivas. Todo esto, acompañado por la afirmación del gobierno de que “no vamos a reprimir la protesta social”.
A esta política de represión selectiva, aplicada a quienes protestan contra el gobierno o las empresas, se suma un claro perfeccionamiento de la política de represión preventiva aplicada a los sectores más humildes a lo largo y ancho del país. A la militarización de los barrios pobres del sur de la Ciudad de Buenos Aires, y del conurbano bonaerense, mediante los operativos “Cinturón Sur” y “Centinela”, respectivamente, se agregó, durante este año, el desembarco de las Fuerzas Armadas en las villas miserias, en el marco del Plan Nacional de Abordaje Integral (Plan AHI). Para poder ejercer un grado de control represivo aún mayor en los sectores más pobres, han desplegado miles de gendarmes y prefectos a quienes intentan lavarles la cara ante la sociedad haciéndoles cumplir algunos actos de beneficencia, mientras se suman a los negocios de la droga, los robos y la prostitución.
Este perfeccionamiento de la política represiva nacional, es la respuesta del “gobierno de los derechos humanos” ante una realidad que ya no puede ocultar aunque lo intente: la crisis capitalista mundial ha desembarcado en la Argentina. Ya nadie habla de blindaje, y la inflación, los bajos salarios, las pésimas condiciones de empleo, no dejan más alternativas a los trabajadores y el pueblo que salir a luchar.
En forma paralela, este gobierno sigue necesitando desarrollar diferentes variantes para obtener consenso y evitar así pagar el costo político de la resolución de conflictos a través de la represión. Una de ellas ha sido, durante este año, la utilización nuevamente de la “preocupación por los derechos humanos” para dirimir internas con eventuales rivales políticos, de cara al 2015. En la provincia de Buenos Aires, el kirchnerismo pretendió dirimir la interna con Scioli mediante la utilización, a su favor, de diferentes hechos represivos en las cárceles bonaerenses. Así se lo vio desfilar al vicegobernador Mariotto aparentemente consternado por algo que es una realidad desde hace años, y por la que nunca se preocuparon. Nadie en el gobierno, ni nacional ni provinciales, desconoce las condiciones en las que viven miles de presos, la mayoría aún sin condena, sometidos sistemáticamente a torturas, y utilizados por el servicio penitenciario para robar o vender droga. Ni qué hablar de las condiciones infrahumanas en las que se encuentran las cárceles en las que habitan. Y tanto es así que no les preocupa el tema, que, a pesar de la visita de los funcionarios, un organismo oficial como la Procuración Penitenciaria de la Nación, denuncia un aumento alarmante de los casos de muertes violentas en las cárceles federales.
En la misma línea del pase de factura entre distintos partidos que gobiernan, en la provincia de Santa Fe, la Policía Aeroportuaria desarrolló una investigación, en el marco de una causa por narcotráfico, que involucra al máximo comisario de la policía brava santafesina. Claramente, algo que es moneda corriente, la participación de las fuerzas represivas en el gerenciamiento y protección del delito, pretende ser utilizado por el kirchnerismo como herramienta política de deslegitimación del candidato “progresista” de la burguesía argentina: Hermes Binner.
A su vez, esta política se practica al interior del mismo kirchnerismo. Las internas entre el ministerio de Seguridad y la Cancillería, por un lado, y el ministerio de Defensa, por el otro, sobre todo en lo que respecta a la política de colaboración de nuestras Fuerzas Armadas con el imperialismo yanqui, tiene como resultado ocultar que Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo la Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Sirve, además, para preparar eventuales fusibles que permitan sortear crisis provocadas por la política represiva, afectando lo menos posible la legitimación de la presidenta. Lo vimos claramente con la asonada de prefectos y gendarmes, donde el gobierno hizo saltar al hermano de la ministra Garré, haciendo pasar el hecho como un problema de mala liquidación de sueldos y jornales. Pero también, es útil para ocultar que, en realidad, no se trata de políticas autónomas de provincias o ministerios, sino de una política represiva integral dirigida por el gobierno nacional. El desarrollo de protocolos unificados para la represión de la protesta social por parte del ministerio de Seguridad, ha contado con el apoyo de los ministerios provinciales en el Consejo de Seguridad Interior.
Dentro de esta política integral, no puede dejarse de lado la represión paraestatal protagonizada por patotas, generalmente de la burocracia sindical, y sicarios contratados por empresarios que se benefician con el modelo “nacional y popular”. El juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra, en el que CORREPI participa como representante de una de las querellas, junto con APEL-PO, viene demostrando la íntima relación entre los intereses de los empresarios, de la burocracia sindical y de los gobiernos de turno, incluido el kirchnerista. Como venimos diciendo desde el 20 de octubre de 2010, a Mariano lo mató la triple alianza antiobrera, en defensa de esos intereses. La bala que disparó un barrabrava, salió del corazón del Estado capitalista.
Esta realidad es invisibilizada permanentemente por las empresas de medios de comunicación, al presentar a hechos represivos similares, protagonizados por fuerzas de choque paraestatales, como enfrentamientos gremiales, entre fracciones sindicales, levantando en todos los casos, una suerte de teoría de los dos demonios, ornamentada a los tiempos que corren. De hecho, en un principio, el crimen de Mariano fue presentado también como un enfrentamiento entre fracciones del sindicato ferroviario.
Ha sido la movilización popular la que obligó al gobierno nacional a echar lastre y soltarle la mano a Pedraza, su patota, y a los policías. Sin embargo, la complicidad con este crimen involucra a miembros del gabinete de gobierno, por lo que, como también no nos cansamos de repetir, todos los que están son, pero no están todos los que son responsables del crimen.
Por el otro lado, mientras el gobierno, los empresarios y las patotas están protegidos por el poder judicial, se criminaliza a quienes salen a pelear por sus reivindicaciones. Quienes enfrentan a las patotas y a la represión oficial, son perseguidos mediante el armado de causas, donde se les imputan delitos con penas gravísimas, por conductas que no lo son, como el reclamo de legítimos derechos laborales o sociales. Con esto se busca, no sólo perseguir a los luchadores, sino desarticular la organización popular y permitir, en muchos casos, el inicio de juicios de desafueros a los delegados, en base a esas imputaciones penales.
Nuevamente, los medios masivos de comunicación juegan un papel fundamental en la generación de consenso de esta política de criminalización, al mostrar hechos de protesta legítimos, como delitos de interrupción del tránsito, de usurpación, etc. Sin embargo, en el reciente motín de prefectos y gendarmes, esos mismos medios lo presentaron como si fuera un legítimo reclamo de trabajadores y dieron aire suficiente para que los verdugos del pueblo pudieran decir lo que quisieran.
Son estos mismos medios los que no titubean en titular “1 a 0” en una nota que relata el fusilamiento de un pibe por un policía y que promueven las grandes campañas de pedido de más policía en la calle y “relativizan” que la mayoría de los hechos delictivos tiene por protagonistas a miembros de las fuerzas represivas. Los mismos que ocultan que el gatillo fácil y la tortura son aplicados sistemáticamente por distintas policías y fuerzas represivas, bajo la responsabilidad de gobiernos de diferentes partidos.
Esto no es más que una breve reseña de lo que a continuación muestran los números concretos volcados en el archivo sobre la situación represiva en nuestro país desde 1983 hasta la fecha.
Miles de asesinados por el gatillo fácil y la tortura, asesinados en la protesta social, cientos de presos políticos, miles de procesados por razones políticas, centenares de desaparecidos.
Quienes luchamos diariamente por un cambio en nuestra sociedad, nos enfrentamos a este aparato represivo que sirve a un estado dispuesto defender con uñas y dientes los intereses de quienes dominan.
Y es por eso que impulsamos con todas nuestras fuerzas la lucha y la organización para enfrentarlo. En este camino contamos con un gran número de compañeros y organizaciones que luchan codo a codo en todo el país. Son los compañeros que, junto a nosotros impulsan el Encuentro Nacional Antirrepresivo, una herramienta que hace posible visibilizar nuestra lucha y hacerla más fuerte.
Cada vez más, compañeros, unimos nuestras fuerzas y levantamos juntos una bandera: Contra la represión, organización y lucha.

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