Afirmando, que como Pueblos Indígenas somos iguales a todos los demás pueblos en cuánto a dignidad y derechos, reconociendo al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales
Y han decidido venderlas con Adán Díaz, el Delegado de Colalao del Valle (cargo similar al de Intendente), es decir, con el Gobierno de Tucumán. Entonces, el Delegado, está jugando para el dinero porque acá hay plata de por medio. Y no hablamos de pocas monedas ya que al hablar de empresas privadas, hablamos de mucho dinero.
Y acá, en el segundo desalojo, donde nosotros volvemos a ingresar el 1 de febrero, hicimos un pacto con el Delegado donde íbamos a trabajar Comunidad-Comuna, para el bien del pueblo. No para el bien de uno o dos. Pero cuando nosotros decidimos recuperar nuestro terreno, cambió completamente. (El pacto Comunidad–Comuna, consistía en que se respetaba nuestro territorio). Nosotros no queremos vender viña a nadie. No queremos vender tierras, eso que quede claro. Porque los hijos se nos están yendo y tierra para nosotros es fortuna, no por dinero, sino porque es sagrado lo que tenemos ahí. Tenemos seguridad, plantas que producen, entonces, no vamos a permitir que una empresa privada venga a hacerse dueña de nuestras tierras. Nosotros la vamos a cuidar y la vamos a defender porque la tierra es nuestra madre, nuestra Pacha Mama. Para nosotros, la Pacha Mama, es como si tuviéramos algo muy conectado a nuestra tierra, entonces, cuando la humillan, —destruyéndola y volteando nuestras casas—, nos están humillando a nosotros. Y destruyen a nuestra madre, la tierra, que, a su vez, es madre de todos. (Si nosotros no tenemos la tierra, no tenemos nada). Es decir, sino cuidamos la tierra, no cuidamos a nuestra madre. Y desde ella tenemos para producir, para alimentarnos, para hacer nuestra casa y para seguir adelante con los hijos, con los nietos y con los que vendrán.
Ahora, hemos decidido no respetar las cuatro hectáreas porque, ellos, cortaron los alambres. Entonces, nosotros, no peleamos por las cuatro hectáreas, peleamos por todo un territorio de punta a punta, de norte a sur. Y decimos: todo territorio que no esté alambrado pasa a ser de la Comunidad India Quilmes.
En estos momentos, estamos nosotros en el terreno, produciendo con huertas. Volviendo a realizar los adobes, volviendo a levantar nuestras casas. Estamos levantado tres casas. Y vamos a seguir porque eso es nuestro. No vamos a abandonar. Vamos a seguir adelante. Lo que pasa... que hay miedo e impotencia porque es feo ver que te destruyan las casas y que todo quede, muchas veces, en la nada. Porque el Gobierno de Tucumán, no se ha hecho cargo en ningún momento, ni tampoco Derechos Humanos, ni Medio Ambiente, a pesar de que tenemos denuncia contra denuncia. O sea, se invierte dinero y se invierte fuerza y no vemos respaldo. Únicamente tenemos el de la Unión Diaguita, de nuestro pueblo originario. Y económicamente cuesta mucho dinero, porque son chicos jóvenes. Y ellos han soñado y le han destruido. Le han destruido malamente, sin piedad, porque ellos miraron cuando se le quemaba la cosa. Cientocincuenta polícías ¿qué podemos hacer? Yo he decidido —y era un pensamiento general de mi Comunidad—, preservar la vida de mis hermanos y no que vayan a un enfrentamiento. Ver la forma en que se quemaban las casas, da impotencia. Era de llorar, día y noche, porque no puede ser que el Poder haga más que las leyes y la unión que tenemos nosotros.
A la Presidenta no le pedimos nada. No le pedimos bolsones. No le pedimos mercadería. Pedimos que se respete nuestra tierra. Nada más
04 / 07 / 2012
Con el fin de cumplir la orden judicial de "restitución provisoria" de 19.000 hectáreas reclamadas por los terratenientes Freddy Moreno Núñez Vela y Jorge Posse, más de 250 policías tucumanos de distintas divisiones ingresaron a la comunidad aborigen Indio Colalao con el objetivo de hacer efectivo el desalojo solicitado por el fiscal de Instrucción de la X Nominación, Guillermo Herrera, y autorizado por la jueza Emma de Nucci del Juzgado Nº 2.
La última semana de junio, la comunidad había sufrido un "allanamiento". Desde entonces, 20 camionetas y tres colectivos policiales estaban apostados en las cercanías a la espera de la orden judicial para desalojar a los aborígenes de su territorio, que limita con la provincia de Salta.
Durante la tarde de ayer, luego de conocerse la noticia del ingreso policial a la comunidad, no se lograba comunicación directa con los comuneros. Cynthia Ovejero, vocera de la cacique María Lilia Delgado, en comunicación telefónica con radio La Retaguardia manifestó sentirse preocupada y agregó que "Los últimos mensajes que recibí desde la comunidad decían: ‘estamos en un estado de guerra, se escuchan disparos, la gente está resistiendo cuerpo a cuerpo'. En la zona no hay hospitales de alta complejidad, si le pasa algo a algún hermano no va a tener la asistencia médica necesaria".
La última semana de junio, la comunidad había sufrido un "allanamiento". Desde entonces, 20 camionetas y tres colectivos policiales estaban apostados en las cercanías a la espera de la orden judicial para desalojar a los aborígenes de su territorio, que limita con la provincia de Salta.
Durante la tarde de ayer, luego de conocerse la noticia del ingreso policial a la comunidad, no se lograba comunicación directa con los comuneros. Cynthia Ovejero, vocera de la cacique María Lilia Delgado, en comunicación telefónica con radio La Retaguardia manifestó sentirse preocupada y agregó que "Los últimos mensajes que recibí desde la comunidad decían: ‘estamos en un estado de guerra, se escuchan disparos, la gente está resistiendo cuerpo a cuerpo'. En la zona no hay hospitales de alta complejidad, si le pasa algo a algún hermano no va a tener la asistencia médica necesaria".
